Economía

La CNMC fijará la duración del veto a la contratación con la administración


La CNMC fijará la duración del veto a la contratación con la administración

Madrid, 24 nov (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establecerá la duración y el alcance de la prohibición de contratar con la Administración Pública a las empresas a las que multe por falsear la competencia.

La CNMC ha sacado este jueves a consulta pública el borrador con los criterios por los que se regirá a la hora de concretar la prohibición de contratar con el sector público.

Desde 2015 la legislación española contempla esta prohibición para las empresas y sujetos sancionados por haber cometido infracciones graves de falseamiento de la competencia, sin que por el momento se haya establecido ningún veto en este sentido.

La Ley de contratos de sector público establece que la determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar puede fijarse en la misma resolución sancionadora de la CNMC o por el Ministerio de Hacienda previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Hasta ahora la CNMC ha remitido todas sus resoluciones a la Junta Consultiva, que no ha impuesto ningún veto a la espera de que se hubieran resuelto los recursos interpuestos en los tribunales por las empresas sancionadas.

Pero a la vista de varios pronunciamientos judiciales recientes que reconocen que la autoridad de competencia es la mejor situada para valorar de forma global las sanciones, la CNMC ha decidido asumir la decisión sobre el veto a la contratación pública.

Las empresas constructoras son las principales afectadas por una prohibición que aún no ha llegado a aplicarse.

Es el caso de las multadas por la CNMC el pasado mes de julio con más de 200 millones de euros por alterar durante más de 25 años la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

Varias de ellas han conseguido que la Audiencia Nacional dicte medidas cautelares a su favor, a la espera de una resolución definitiva, por el impacto para su viabilidad de las sanciones y de la prohibición de contratar con la administración pública.

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