Expresidente del Popular recurrirá procesamiento para probar que no hubo agujero contable
Expresidente del Popular recurrirá procesamiento para probar que no hubo agujero contable
POP
0,00%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición
Posición añadida con éxito a:
Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
Tipo:
Compra
Venta
Fecha:
Cantidad:
Precio
Valor del punto:
Apalancamiento:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Comisión:
Crear una nueva lista de seguimiento
Crear
Crear nueva cartera de posiciones
Añadir
Crear
+ Añadir otra posición
Cerrar
Madrid, 4 mar (.).- El expresidente del Banco Popular (BME:POP) Ángel Ron, al que el juez José Luis Calama ha procesado por estafa a los inversores y falsedad documental, ha anunciado que recurrirá dicho auto y demostrará que “no había agujero alguno en las cuentas de la entidad de 2015 que dieron base a la ampliación de capital” de 2016.
En un auto fechado este lunes, Calama ha acordado llevar a juicio a Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
Tras adelantar su intención de recurrir el procesamiento, Ron ha emitido un comunicado en el que reitera algunos de los argumentos empleados para su defensa durante la instrucción, que se inició en 2017.
El Banco Popular era en el momento de su resolución -señala en el comunicado-, un banco solvente, con 11.000 millones de patrimonio neto, viable y rentable, con más de 1.150 millones de beneficios anuales recurrentes antes de provisiones, según los peritos inspectores del Banco de España.
Los mismos peritos afirman en su Informe de 8 de abril de 2019 que “las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva”, según Ron.
Es “obvio”, añade Ron en la nota, que la ampliación de capital de 2016, que reforzó los niveles de solvencia y provisiones, y que fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros, “que perdimos con la resolución”, nada tuvo que ver con la resolución no investigada que acabó con el Banco.
Durante su mandato asegura que “las cosas se hicieron correctamente en el Banco Popular, que cumplió siempre con la normativa y no recibió requerimiento alguno por incumplimientos regulatorios”.
En su opinión, el auto de procesamiento “no se corresponde con lo que se ha instruido y las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados”, de ahí su intención de recurrir.
